This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
23/09/2022
El Consejo de Transparencia obliga a Yolanda Díaz a publicar el informe oculto sobre el salario mínimo gracias a un recurso del Instituto Ostrom
Per Institut Ostrom
A principios de año, el Ministerio de Trabajo y Economía Social encargó un estudio ad hoc a la Catedrática de Economía en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Sara de la Rica titulado “El impacto de la subida del SMI en el mercado laboral: intensidad laboral, brechas de género y desigualdad”.
Se trata de un informe adicional al que emitió el comité de expertos, que se concibió inicialmente como una alternativa al demoledor análisis que había realizado el Banco de España, para arrojar luz sobre los efectos del alza del SMI en la intensidad laboral, focalizando el análisis en trabajadores cuya jornada es inferior a la completa, un colectivo al que el SMI le afecta de manera especial.
El informe también analiza el impacto de subidas en el SMI en las brechas de género y la desigualdad, particularmente la desigualdad de la parte baja de la distribución salarial.
El documento obra en poder de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, desde el pasado mes de enero. Sin embargo, a las puertas de aprobar un nuevo incremento de la mano de los sindicatos y sin el respaldo de la patronal, en febrero la ministra optó por no hacerlo público. En marzo de 2022 el Instituto Ostrom, think tank liberal con sede en Barcelona, reclamó al Ministerio de Trabajo la entrega del estudio, al amparo de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Al mes siguiente, el Ministerio se negó a publicar el informe, alegando que el documento tiene la consideración de informe interno de carácter auxiliar y que el acceso podría suponer un perjuicio para los intereses económicos y comerciales o afectar a la propiedad intelectual. El 27 de abril de 2022, el Instituto Ostrom interpuso de nuevo una reclamación ante el Consejo de Transparencia, alegando que la Dirección General de Trabajo no había justificado debidamente la posibilidad real de lesión en los intereses económicos y comerciales expuestos ni la presencia de un interés superior al protegido.
Hoy el Consejo le ha dado la razón al Instituto e insta al Ministerio a que, en el plazo máximo de diez hábiles, remita el estudio al solicitante. En caso de que no sea así, el Instituto podrá interponer un recurso ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Según el Instituto, «la publicación de dicho informe es de interés general para el ciudadano, pues evalúa una política pública de profundas consecuencias sobre la economía española. De acuerdo con los principios de transparencia y buen gobierno; procede la difusión de la evaluación de políticas públicas que encarga el Gobierno».
En palabras de Albert Torelló, investigador del Instituto, «es evidente que la justificación que realiza el Ministerio es manifiestamente insuficiente para satisfacer los parámetros exigidos por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al haberse limitado a alegar que, dado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social no ha decidido todavía sobre la publicación y explotación comercial del citado estudio, su puesta a disposición del solicitante afectaría a los derechos a la propiedad intelectual». También desde la oposición se cuestiona el modus operandi del Gobierno en este caso. En concreto, Ciudadanos y el PDeCAT reclamaron el citado informe en el Congreso de los Diputados.
Cabe resaltar que recientemente, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha encargado tres informes adicionales sobre el SMI, uno de ellos al exdiputado de Podemos Alberto Montero Soler, en la actualidad profesor de la Universidad de Málaga. Un encargo extraordinario sin planificación presupuestaria.
La previsión que maneja el departamento de Yolanda Díaz es convocar el próximo mes de noviembre a los agentes sociales para valorar un aumento que eleve el salario mínimo hasta emparejarlo con el 60% del salario medio, como se comprometió a hacer a lo largo de la legislatura.