21/11/2022

Informe: Descentralización y competencia fiscal

Per Institut Ostrom

En los últimos meses se ha abierto un interesante debate en España sobre la conveniencia o no de que las comunidades autónomas gocen de autonomía tributaria para fijar sus propios impuestos. Varios han sido los gobiernos regionales que han aprobado rebajas fiscales de cara a las elecciones de 2023, no sin críticas por suponer una carrera hacia el abismo que pone en riesgo la prestación de servicios públicos fundamentales. Por su parte, el gobierno central ha puesto en marcha el denominado como Impuesto de Solidaridad para tratar de armonizar, por la puerta de atrás, el Impuesto sobre el Patrimonio.

La literatura pone énfasis en los beneficios que puede conllevar la competencia y descentralización fiscales, siempre que el diseño institucional sea el adecuado. La Primera Generación de Teorías del Federalismo Fiscal destaca que la cercanía de los gobiernos subestatales permite ofrecer bienes y servicios públicos que se adecuan mejor a las preferencias heterogéneas de los ciudadanos. Es decir, se produce una mejora de la eficiencia asignativa del Sector Público. La Segunda Generación de Teorías del Federalismo Fiscal, por su parte, enfatiza que los policymakers buscan maximizar su propio bienestar y no el de los ciudadanos, por lo que la competencia interjurisdiccional o por comparación les incentiva a promover buenas políticas con el fin de atraer bases imponibles, de tal forma que se reduce su autoridad discrecional.

En este informe se concluye que la autonomía tributaria de las comunidades autónomas ha mejorado considerablemente a lo largo de las últimas décadas, pero son necesarias reformas que mejoren su margen de responsabilidad fiscal. Se propone (1) un aumento de la transparencia del modelo de financiación autonómica; (2) separar el tramo autonómico del IRPF del estatal; (3) una nivelación total de recursos del sistema por unidad de necesidad con el que sería posible lograr mejoras en equidad y eficiencia; (4) con este punto de partida, las regiones pueden desviarse en el margen tanto como deseen, haciéndose responsables del coste económico y electoral de las bajadas/subidas de impuestos que apliquen.

 

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